Dura pelea por la AGN: el Gobierno quiere sacarle un representante al Senado y la oposición intenta sumar cargos para repartir y dejar conformes a todos

La pelea entre el Gobierno y la oposición por los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) ingresó en zona de incertidumbre por la falta de un acuerdo político mientras el organismo de control de las cuentas del Estado atraviesa su segundo mes de acefalía por la falta de designación de los representantes del Congreso.

Todo parece indicar que la pulseada quedará resuelta mediante una reforma de la norma que regula el organismo. Comienzan a circular propuestas a favor de avanzar por una reducción de los mandatos de 8 a 4 años, una baja sensible en los salarios que se ajuste a lo que perciben los legisladores y la intención del oficialismo de sacarle un representante al Senado.

Lo cierto es que la fallida sesión de Diputados, convocada el miércoles por la oposición para tratar un aumento para los jubilados y la definición de las autoridades de la comisión investigadora del escándalo cripto, puso al descubierto las tensiones que generó el acuerdo entre el peronismo y Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto.

El pacto que tenía la aprobación de Máximo Kirchner y de Sergio Massa pretendía colocar en el organismo al camporista Juan Forlón y a Emilio Monzó, a quien se le vence el mandato de diputado en diciembre de este año. El restante lugar quedaba reservado para La Libertad Avanza (LLA), que debía resolver la disputa con sus aliados del PRO y la UCR.

Se trata de tres cargos que deben ser nombrados por la Cámara Baja -los otros tres son designados por el Senado-, pero que despiertan un enorme interés en la dirigencia política no sólo porque se maneja información privilegiada, sino también porque tiene una estabilidad de 8 años y sueldos altísimos, se habla de más de $10 millones.

La oposición dividida por la AGN

Algunos operadores vincularon la caída de la sesión convocada para mejorar los haberes de los jubilados con la inclusión a la fuerza de los nombramientos de Forlón y Monzó, más allá de la presión que ejerció la Casa Rosada sobre los gobernadores para que no haya quórum.

Y algo de eso hubo porque los diputados por Córdoba que integran Encuentro Federal y responden al gobernador Martín Llaryora no estaban dispuestos a acompañar con su voto al ex PRO porque se enteraron de su nominación a través de la prensa y mediante la convocatoria de la Cámara.

Además, entre los radicales de Democracia para Siempre (DPS) también hubo una fuerte interna entre los que mantenían su apoyo a Mario Negri, el candidato original de la UCR cuando estaba unificada, y aquellos que privilegiaban el acuerdo con los K y la bancada de Pichetto.

A esto se suma la posición de la Coalición Cívica (CC), que si bien no rechazaba la nominación de Monzó si expresaba su preferencia por Negri, a quien respaldaron desde un principio por el vínculo que Elisa Carrió tiene con el cordobés a partir de Cambiemos.

Obviamente que Monzó no contaba con el apoyo de los libertarios ni de sus aliados que debían buscar un acuerdo por la silla restante. El oficialismo quería colocar a Santiago Viola, apoderado del partido; el PRO mantenía la candidatura de Jorge Triaca; y la UCR de Rodrigo De Loredo apoyaba a Negri.

Menem trabó las designaciones a la AGN con una reforma

Frente a esta situación, Martín Menem, presidente de Diputados, pateó el tablero y presentó un insólito proyecto donde propone ampliar a 4 la cantidad de auditores que designe Diputados, otorgando un lugar al oficialismo, y reduce a 2 los del Senado. La iniciativa fija que el presidente de la AGN será designado por el presidente de la Cámara Alta a propuesta del bloque mayoritario.

Además, la iniciativa del riojano reduce el mandato de los auditores a 4 años con la posibilidad de una sola reelección y establece que la remuneración de los auditores auxiliares será equivalente a la de un Diputado. Este punto tiene cierto consenso entre las distintas bancadas.

Horas antes de la sesión convocada por la oposición, Menem abrió la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para arrancar con el debate de la reforma. Desde el oficialismo aclararon que están abiertos al diálogo y no descartaron que en esta instancia se avance en una ley de elección de los auditores y después se vaya por la cuestión de fondo, mandatos y salarios.

Algo poco probable porque si el auditor es elegido antes de la reforma exigirá que se respeten los 8 años de gestión como así también su salario. Además, el Senado no aceptará perder una silla en el organismo por la falta de acuerdo político en Diputados.

Pero la jugada del oficialismo sumó adhesiones aunque no faltaron las críticas al Gobierno por el momento en que impulsa una reforma. Durante el debate en comisión, Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UxP), pidió avanzar con las designaciones aunque no le cerró la puerta a la posibilidad de ir por una ley orgánica.

En tanto, Margarita Stolbizer cuestionó la jugada de Menem y advirtió que no iba a dar acuerdo para "despedazar" la normativa vigente para resolver los nombramientos. Y la Coalición Cívica como los radicales díscolos que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes trabajan en propuestas para modificar la actual legislación.

En el espacio que responde a Lilita Carrió señalaron que el proyecto del oficialismo tiene problemas de redacción y no tiene en cuenta las normas básicas. Mientras que en Democracia para Siempre, el formoseño Fernando Carbajal propuso un sistema de votación que establece la conformación de una lista de candidatos a cubrir las vacantes siendo electas los 3 candidatos que obtengan más votos.

Desde la UCR, Karina Banfi también impulsa una reforma para darle dinamismo al organismo de control antes de que se elijan a los auditores.

En el Senado se discuten 2 propuestas, una impulsada por José Mayans, y otra del salteño Juan Carlos Romero. Ambas coinciden en recortar el mandato de los auditores de 8 a 4 años, con chance de reelección y también propone un tope en los sueldos. La diferencia está en que el formoseño quiere subir de 7 a 9 la cantidad de auditores y Romero mantiene la estructura actual.