Por segunda vez en el año, la Cámara Fintech volvió a quejarse de la carga impositiva que afecta al sector de la tecnología financiera. Esta vez, el foco estuvo puesto en el impacto que el Impuesto a Créditos y Débitos tiene en la industria de las criptomonedas, recientemente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
"Este importante avance regulatorio aún no fue acompañado por un tratamiento fiscal acorde. Los PSAV enfrentan una carga impositiva significativamente mayor que la de otros actores regulados del sistema financiero. En particular, el Decreto 796 —emitido en 2021— excluyó de manera expresa a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) del régimen de exención del impuesto a los Débitos y Créditos (IDC) que sí alcanza a bancos, ALyCs, PSPs y otros actores regulados, generando así una clara desigualdad fiscal", aseguró la Cámara en un comunicado de prensa.
Básicamente lo que sostienen las empresas cripto que operan en el país es que estas normativas la ponen en condición de desventaja y que hay una "discriminación" hacia un sector que, según sus propias estimaciones, mueve por año más de US$ 91.000 millones en transacciones. "Además, la incertidumbre sobre la posible aplicación retroactiva del impuesto, a partir de intimaciones recibidas por algunas empresas del sector, genera un nivel de riesgo adicional que desincentiva la inversión y dificulta la planificación", remarcó el comunicado.
"En un contexto en el que se busca fomentar la libre competencia entre monedas y activos, mantener esta discriminación por el solo hecho de operar con activos virtuales va en sentido contrario al modelo de país que se quiere construir", sumó.
¿Qué proponen las empresas cripto? Por un lado, que los PSAV tengan el mismo tratamiento fiscal que el resto de los actores del sistema financiero. Pero también "diseñar un esquema tributario moderno y competitivo compatible con Activos Virtuales, que permita operar con previsibilidad, especialmente en lo referido a impuestos como Ganancias y Bienes Personales".
A mediados de marzo, la CNV completó la regulación para las empresas cripto del sector, que impone requisitos a las compañías que quieran registrarse para operar en el país. "Quienes no cumplan con los requisitos y plazos previstos no podrán operar en Argentina”, destacó en su momento Roberto E. Silva, presidente del organismo.
Ahora, las empresas cripto que tienen hasta diciembre para "adecuarse" reclamaron: "Quedó demostrado que el país puede liderar la regulación de la industria cripto. El siguiente paso, impostergable, es consolidar un esquema fiscal justo y previsible. Si logramos remover estas barreras, Argentina podrá atraer más inversiones, generar empleo de calidad y fomentar la innovación en áreas clave como la tokenización de activos, la inclusión financiera y la eficiencia operativa".
SN
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