En Llavallol hay 200 personas con discapacidad en peligro por falta de pago del Gobierno

Una asociación civil de Llavallol, que brinda rehabilitación a niños y adolescentes con discapacidad, enfrenta una situación financiera crítica por una deuda millonaria del Gobierno nacional. Aseguran que el 85% de los pacientes pertenece al programa Incluir Salud, y advierten que podrían dejar de funcionar si no se regulariza el pago.

De este modo, por primera vez en tres décadas, el Centro para el Discapacitado Talita Kum se enfrenta a una crisis sin precedentes. La institución denuncia que el Estado mantiene una deuda que comenzó en diciembre y que compromete seriamente la continuidad de las terapias de rehabilitación que brinda a más de 200 niños y adolescentes con discapacidad.

A pesar de los reiterados reclamos, el pago correspondiente a diciembre recién se efectuó a fines de abril, mientras que la factura de febrero, que ya debería haberse acreditado, sigue sin novedades. “Estamos al borde del abismo”, sintetizó Enrique Muntaabsky, responsable del centro.

Sobrevivir con lo justo

Talita Kum depende mayormente del programa Incluir Salud, del cual proviene el 85% de los pacientes. El resto está cubierto por otras obras sociales. Hasta hace unos meses, Nación abonaba con demoras de entre 60 y 90 días. Sin embargo, desde diciembre el pago se interrumpió y se generalizó el atraso en otras entidades similares del país.

“Nosotros pudimos pagar los sueldos de marzo usando todos nuestros ahorros. Pero por primera vez en 30 años no pudimos pagar las cargas sociales”, lamentó Muntaabsky. La deuda del Gobierno con la institución llegó a superar los 30 millones de pesos, y el riesgo de cierre no sólo afectaría a los pacientes sino también a casi 60 profesionales de la salud, además de empleados istrativos, de cocina y maestranza.

La situación afecta directamente a las familias que dependen de los tratamientos que brinda el centro. “Si esto no se revierte, se van a quedar sin atención”, advirtió Muntaabsky, quien además denunció una actitud de “crueldad inusitada” por parte de Nación. “Para este gobierno la discapacidad es un gasto”, sentenció.

La institución recibió respaldo del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y de otras entidades del sector, pero no obtuvo respuestas oficiales más allá del pago reciente de diciembre. Desde Talita Kum, insisten en que esta situación no se trata de una disputa partidaria, sino de un reclamo por el cumplimiento de derechos básicos: “Pedimos que el Estado cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Qué es Talita Kum

Talita Kum es una asociación sin fines de lucro que atiende a niños y jóvenes con discapacidad en consultorios externos, en rehabilitación integral. Allí también funciona un taller protegido, al que concurren jóvenes y adultos con discapacidad mental leve a moderada, y que se dedican a la producción de panificados.

Esta organización no gubernamental se fundó el 1° de abril de 1995 con el trabajo conjunto de familiares de Lomas de Zamora y familiares de personas con discapacidad, quienes hasta ese momento no contaban con espacios en la región que abordaran sus necesidades en toda su complejidad.

Con el objetivo de dar una atención de calidad y accesible que de respuestas a sus necesidades, la institución brinda servicios de rehabilitación para pacientes con discapacidades neuromotoras. Las terapias son médicas, físicas, psicológicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, psicopedagógicas y trabajo social.

Además, la asociación busca la inserción social y laboral de estos jóvenes con el taller protegido de producción de panificados como una alternativa de fuente de trabajo para jóvenes y adultos con discapacidad.

Panorama nacional complicado

Lo que le ocurre a Talita Kum ocurre en un contexto más amplio de marchas y reclamos al Ministerio de Salud de la Nación, a ANDIS y al Gobierno nacional por la demora en el pago de prestaciones ligadas a la atención de personas con discapacidad.

El reclamo general es porque, aseguran, los aranceles que paga el Estado a los prestadores están congelados desde diciembre y acumulan un desfasaje del 73% en relación a la inflación, con lo cual tanto instituciones como profesionales (psicólogos, terapistas o acompañantes terapéuticos) están cerrando o reduciendo sus servicios.