Los nuevos requisitos para cubrir las noticias en la Casa Rosada: una resolución para limitar la tarea del periodismo

“Este es un deporte de roce”. La frase la dijo un antecesor de Manuel Adorni al frente de la secretaría de comunicación durante los 10 años y tres gobiernos que este cronista lleva como acreditado para Clarín en Casa Rosada. Se refería, claro, al vínculo entre el periodismo y la política. El mismo funcionario también le recomendó en otra oportunidad a este mismo cronista que se buscara otro trabajo. Pasaron varios años y -nunca exento de errores- el periodista que escribe esta nota sigue cumpliendo la misma tarea.

El flamante legislador electo de la Ciudad y ganador en los comicios del domingo, que en privado relativiza la seguridad con la que afirma que renunciará a su cargo como vocero el 10 de diciembre, en esos años trabajaba en una concesionaria de automóviles. Ese detalle, por supuesto, no niega su mérito como bloggero exitoso y columnista en radio y televisión que le abrieron camino en los medios a los que ahora evalúa.

La resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que se conoció este viernes, venía cocinándose desde hacía meses en la Casa Rosada. Adorni, en julio de 2024, le dijo a LN+ que ya trabajaba en la normativa para reformular el funcionamiento de la prensa en la sede del Ejecutivo. “¿Por qué tenemos que soportar la mentira? La mentira no la vamos a tolerar nunca (...) Vamos a hacer que estar en la sala de conferencia sea un privilegio y que sea un privilegio ser medios acreditados en la Casa Rosada”, declaró entonces el vocero.

Es paradójico que esté a cargo de la secretaría de Comunicación “la matriz de evaluación objetiva” para evaluar el trabajo de los periodistas, aunque tiene coherencia si se repasa la experiencia del vocero para difundir información no del todo fidedigna.

AFP Factual -el sistema de chequeo de la agencia de noticias más antigua del mundo- demostró que varios posteos de Adorni en 2022 eran falsos; valen los ejemplos del supuesto robo de neumáticos de una escultura de Fangio o la supuesta censura de la televisión iraní a la transmisión de carreras de Atletismo en el mundial de Doha. También, publicó entradas engañosas que mezclaban información con fotos viejas, como la que retrató el viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos en 2023 con una comitiva de 48 personas. Varias de esas publicaciones todavía se pueden leer en el timeline del legislador electo. Otras de Facebook, objetadas por el programa Third Party Fact-checking, fueron oportunamente borradas.

El texto de la resolución no explicita qué es una “falta grave”, un detalle no menor si se tiene en cuenta que dos amonestaciones pueden provocar la revocación de la acreditación. Tampoco se aclara si el debido respeto de los periodistas a los conferencistas es recíproco o avala el destrato de los funcionarios a los acreditados como el que Luis Caputo dispensó este jueves al periodista Jonathan Heguier o si Adorni retirará de su despacho la caricatura de uno de los acreditados.

La limitación del cupo de periodistas en la sala de 87 acreditados a 25-cuando asisten regularmente más de 50- y las condiciones de contratación que el Gobierno exigirá de ahora en más enseñan el profundo desconocimiento de las autoridades nacionales sobre el ecosistema de medios.

El argumento esgrimido en los fundamentos de la resolución sobre la necesidad de evitar aglomeraciones no contempla que la secretaría que conduce Adorni creció exponencialmente durante su gestión. Una decena de los 208 empleados que supervisa asisten regularmente a sus conferencias que ahora serán reservadas a 36 periodistas.

Tampoco hay precisiones sobre el código de vestimenta que se le exigirá a la prensa acreditada ni si volverán a habilitar las preguntas de estudiantes universitarios, que -en algunos casos- cuestionaron el trabajo de los profesionales acreditados.

Los periodistas no se mueven libremente por la Casa Rosada y aceptan los límites a los que obliga la seguridad presidencial y el protocolo. Con más libertad y caminan los pasillos algunos de los periodistas militantes, que fueron acreditados por Adorni para participar de las conferencias.

La limitación de movimiento -que aparece en la resolución y que aún no fue especificada- supone de todos modos un riesgo. No solo impide montar guardias para hablar con funcionarios o dirigentes que asisten a reuniones en Balcarce 50; tampoco permite chequear cuándo los ingresos no son incluidos en el registro de audiencias; una práctica habitual en todos los gobiernos.

Ese requisito, por ejemplo, hubiera impedido -por citar un caso- que el periodista de Clarín Emiliano Russo, que entonces se desempeñaba en El Día, de La Plata, revelara que Sofía Pacchi visitaba funcionarios en la Casa Rosada después de que hubiera estallado el escándalo por la fiesta de Olivos.

Las limitaciones horarias también limitan el trabajo de la prensa en los momentos de crisis institucional. La exigencia de un título profesional universitario y/o terciario homologado por autoridad competente también desvirtúa la naturaleza del ejercicio periodístico, puesto que no se trata de una actividad colegiada.

Javier Milei no apuró la resolución hasta después de que la candidatura del vocero fuera cosa juzgada. En el medio, el Presidente parafraseó a Donald Trump con una frase temeraria, que replicó insistentemente en redes el aparato paraestatal y digital al servicio del Gobierno en redes. No es novedad que varios de ellos ocupan cargos en el Ejecutivo, con despacho en la Rosada. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, repite el jefe de Estado que se hizo famoso en estudios de televisión, que acaba de querellar penalmente a tres periodistas y que nunca dio una conferencia de prensa.

La resolución es, en parte, una imitación de la política que implementó Trump en la Casa Blanca y que replicó el autócrata Viktor Orban, de fluido trato con la istración de Milei, auque la asociación Reporteros sin Fronteras calificó como un "depredador de la libertad de expresión".

Mientras el Gobierno redobla su presión sobre el periodismo, limita la ley de a la información y Milei afirma en una publicación fijada en lo más alto de su perfil en X que Clarín es “la gran estafa argentina”, un gendarme le rompió el cráneo de un disparo al fotoperiodista Pablo Grillo, un agente de la Policía Federal le pisó la cabeza a su colega Tomás Cuesta y a Roberto Navarro le pegaron en la calle. No son hechos aislados. Funcionarios del Gobierno hostigan a periodistas y difunden información falsa en las redes. A todos ellos y a los que difunden videos con IA en plena veda electoral -el Ejecutivo les garantiza libertad de expresión. Para la mayoría de los profesionales del periodismo, no hay más que roce.