En medio de la tensión entre el Gobierno y los fiscales de Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación Penal firmó una acordada -un documento suscripto por los jueces de las cuatro salas del tribunal- para pedirle al Poder Ejecutivo una implementación el sistema procesal acusatorio que cuente con una “previsión responsable de recursos”.
El planteo avala lo manifestado por los fiscales de diversas instancias, en quienes recaerán las investigaciones con el nuevo Código Procesal Penal. Los temas más acuciantes, a criterio de los fiscales, van desde la falta de recursos, el escaso presupuesto y la deteriorada infraestructura, que podrían hacer “peligrar el correcto funcionamiento” del nuevo sistema.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, remitió al ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, un total de veinte notas a través de las cuales expuso las dificultadas que atraviesa el Ministerio Público Fiscal de cara a la implementación del sistema acusatorio.
Por primera vez desde que se envió el primero de los oficios, el Gobierno respondió a través del secretario de Justicia -Sebastián Américo- quien en el plenario del Consejo de la Magistratura ratificó que el 11 de agosto se pondrá en marcha el Sistema Acusatorio.
Ante los recurrentes reclamos del Ministerio Público Fiscal, Sebastián Américo dijo desconocer “a qué se refieren con la falta de recursos”. Y añadió: “Entendemos la preocupación honesta de muchos fiscales pero estamos no solo con un plan que tiene mas de dos años, que estuvo pensado, sino que además estamos en plazo absoluto de los compromisos que asumimos así que nos sentimos muy confiados de que vamos a llegar“.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal no se oponen al nuevo Código Procesal Penal, bajo la convicción de que la tarea esencial de ellos es la de impulsar los procesos penales. Las notas enviadas en primer término al Procurador, sostienen que las condiciones actuales no son óptimas para llevar a cabo un cambio tan trascendental.
Además, hablaron de una falta de “planificación y previsibilidad” por parte del Ministerio de Justicia, que expone en algún punto el “desconocimiento de los complejo y delicado que el fuero federal penal es y los casos que se abordan acá”, como indicó a Clarín un integrante del MPF.
La tensión entre los fiscales del fuero donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico, y el Gobierno sumó una voz más: la de los jueces del máximo tribunal penal.
En una acordada de seis páginas, a la que accedió Clarín, la Cámara de Casación dijo: “Cabe poner de resalto que la implementación del Código Procesal Penal Federal debe acompañarse con la previsión responsable de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que aseguren las condiciones necesarias suficientes para la operatividad del sistema y el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
Del acuerdo participaron los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajal, Juan Carlos Gemignani, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky.
En el texto del documento se señaló que la previsión responsable responde a las necesidades relevadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, por la Secretaria General de la Cámara Federal de Casación Penal “en atención a la superintendencia que le incumbe al Tribunal sobre el edificio de Comodoro Py 2002”.
Se recordó en este sentido que la superintendencia del edificio de Comodoro Py corresponde a la Casación, “esta decisión se adoptó en el marco del avance de las obras edilicias que, para ese entonces, ya habían permitido la instalación de numerosos tribunales y dependencias del Ministerio Público en el inmueble, sin perjuicio de que en el futuro se sumaran otras oficinas a medida que se habilitaran nuevos sectores”, señalaron.
El planteo se formuló en el marco de la creación de tres colegios de jueces algo que corresponde a la nueva estructura. “El funcionamiento de tales colegios se rige por los principios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes y distribución razonable del trabajo con el objetivo de lograr la eficiencia del sistema”.
En su decisión, la Cámara observó que dichos colegios funcionarán en el edificio, ubicado en Av. Comodoro Py 2002, cuya istración edilicia tiene delegada, “por lo que oportunamente deberá abordar la asignación de espacios a tal fin. , este Tribunal al que se ha delegado la istración edilicia, oportunamente deberá abordar la asignación de espacios a tal fin”.
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Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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