Causa Seguros: buscan datos en el celular de Alberto Fernández con palabras clave

El celular de Alberto Fernández también será peritado en el marco de la causa donde se investiga la presunta maniobra defraudatoria alrededor de los contratos que organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, por los que se pagaron más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones a los intermediarios. Después de volver a inhibir al ex presidente y a los brokers imputados, el juez federal Sebastián Casanello pidió que se busquen determinadas comunicaciones, palabras claves, números, en la pericia que se ordenó en la investigación por violencia de género.

En este expediente ahora a cargo de Casanello, el ex Jefe de Estado está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

Las piezas clave de esta investigación incluyen desde un decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos.

A la hora de evaluar su responsabilidad en la maniobra por presuntos hechos de corrupción, la justicia federal dijo que la decisión del ex Jefe de Estado al firmar el decreto que obligaba a todos los organismos a contratar con Nación Seguros, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

Ahora Casanello busca obtener más datos antes de resolver si procesa a Fernández, a los empresarios y ex funcionarios involucrados.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el magistrado solicitó a su colega Julián Ercolini -quien ordenó el peritaje del celular de Fernández en el marco del expediente por violencia de género- que incluya en la búsqueda “una serie de voces que sirven a la investigación por presuntos hechos de corrupción”.

Las voces requeridas por el magistrado de la causa seguros responden a la búsqueda por palabras específicas. Se requirió que se incorpore a la pericia: “Seguros”, “Hecker"(apodo del amigo broker de Fernández), "Martínez Sosa", "Cantero", "Rodríguez" (el ex responsable de la quinta de Olivos), entre otros.

Hay entre las palabras clave otros conceptos incorporados como por ejemplo el Decreto firmado por el ex Jefe de Estado, y el número del mismo.

Asimismo, se solicitó también se extraigan algunas conversaciones según sus interlocutores, como por ejemplo con Héctor Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández que obtuvo más de la mitad de los contratos bajo estudio en el expediente penal.

El rol de los brokers

Ese motor de búsqueda que pidió el juez Casanello incluye a todas las personas imputadas, tanto físicas como jurídicas que fueron inhibidas nuevamente por decisión del juzgado.

Los brokers de seguros, sostiene la causa,“con la connivencia de de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Por ese motivo el juez Casanello pidió que los especialistas a cargo de la pericia incluyan en el estudio a los empresarios bajo investigación y toda posible conversación con el ex presidente.

La investigación y ahora la pericia telefónica incluyen a Héctor Martínez Sosa, María Cantero, Alberto Pagliano, Pablo Torres García, Oscar Castello, Ernesto Mercuri, entre otros, ademas de las compañías que intervinieron como brokers de seguros.

El interés de los brokers

La investigación encontró que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y masters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros".

Todo derivó -en gran parte-, en aquellas contrataciones, que fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y masters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas".

Entre ellos se encuentran Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello; como así también las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A., "San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A., entre otras.

Los números de la maniobra

En total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación.

Esos contratos fueron resultado -sostiene la causa- “del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.

Para la justicia federal, hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.