Terminar con el látigo que azota a miles de argentinos

Al designar a los integrantes de la Corte Suprema, el Presidente Javier Milei hizo lo que manda la Constitución, nombrándolos en comisión según el inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna o, ante la mirada de un posible acuerdo con el bloque kirchnerista de Senadores Nacionales cumpliendo los requisitos del inciso 4 del artículo 99 de la C.N., nombrar a los magistrados con acuerdo del Senado por dos tercios de sus presentes.

Habiendo el Presidente de la Nación cumplimentado mediante las facultades que le otorga la Carta Magna, el Senado, de manera diletante, pero ajustada a la manda constitucional, no presto su consentimiento con dos tercios de sus presentes.

En virtud de lo expuesto es que la propuesta del senador Juan Carlos Romero viene a traer una de las tantas soluciones posibles que nos otorga la Constitución para situaciones de fragmentación en representación política, como vive la República Argentina en estos momentos y que puede ser el inicio de una discusión más amplia. No solo para normalizar institucionalmente la integración de la Corte, sino también para saldar otras deudas constitucionales pendientes.

Un ejemplo clave es la postergada Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que requiere el acuerdo de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos un sistema donde las provincias sean protagonistas reales, con autonomía fiscal, capacidad de recaudar impuestos razonables y de fomentar el mercado libre, las inversiones y la creación de empleo privado genuino, tal como lo exprese en el proyecto de ley (0323/D/2024) que presente el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación para crear una Comisión Bicameral de Reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Hoy, el sistema actual perpetúa un modelo perverso: hay jurisdicciones que dependen exclusivamente de la coparticipación, funcionan como verdaderos feudos y a través del látigo del empleo público esclavizan a sus habitantes, atando a generaciones enteras a la pobreza y a la dependencia del poder de turno.

Es hora de impulsar una agenda de reformas profundas con más libertad y visión federal.

Gerardo Milman es Diputado Nacional (PRO Buenos Aires)