Acusación contra Olivera: para el juez, no hubo falsa denuncia

Menos de dos meses después del escándalo, la Justicia archivó la denuncia contra los funcionarios que acusaron a Enrique Olivera —entonces candidato a legislador porteño por el ARI— de tener dinero no declarado en el exterior.

El juez federal Sergio Torres entendió que los acusados no cometieron el delito de falsa denuncia —que el ARI les había imputado— por más que esas cuentas resulten finalmente inexistentes. La maniobra, concretada por el secretario de Deportes de la Ciudad, Daniel Bravo, se realizó apenas cinco días antes de las últimas elecciones legislativas.

Para Torres, que coincidió en esto con lo dictaminado por el fiscal Oscar Amirante, lo que Bravo formuló no fue técnicamente una denuncia. Lo que hizo el funcionario porteño fue llevar a la Oficina Anticorrupción un supuesto anónimo con aspecto de resumen bancario en el que constaba que un tal "Olivera Enrique" era titular de dos cuentas no asentadas en sus declaraciones juradas patrimoniales: una en el Credit Suisse First Boston, con un saldo de 1.671.571,05 dólares, y otra en el HSBC de Nueva York con 566.157,37.

Bravo no era el único imputado en la causa que archivó Torres. El ARI también involucró al presidente Néstor Kirchner, al primer candidato a diputado por el oficialismo, el entonces canciller Rafael Bielsa; al titular de la agencia Télam, el periodista Martín Granovsky, y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, amigo personal de Bravo.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que, en la misma resolución, Torres decidió enviar a la Justicia electoral una segunda parte de la presentación del ARI referida a que los votantes habrían sido inducidos mediante esta campaña sucia a no votar a Olivera. Y, además, dejó expresamente abierta la posibilidad de que el flamante legislador querelle por calumnias a quien considere que lo haya agraviado.

El delito de calumnias se configura cuando una persona le imputa falsamente a otra la comisión de un delito de acción pública. Ocultar bienes en una declaración jurada es, en el caso de los funcionarios, un delito; el ex presidente Carlos Menem, por ejemplo, está procesado por eso.

Olivera dijo ayer a Clarín que está analizando los pasos a seguir. Por lo pronto, ya querelló al diputado Bielsa. La jueza en lo Correccional a la que le tocó el asunto, Ana Helena Díaz Cano, también se declaró incompetente, resolución que fue apelada y ahora estudia la Sala I de la Cámara del Crimen porteña.

La Oficina Anticorrupción, en tanto, nunca convirtió en denuncia formal —llevándola a la Justicia— la presentación de Bravo.

Días después de esta operación, Olivera presentó un certificado del HSBC en el que se figura que no posee cuentas en esa entidad. Ayer agregó que el Banco Credit Suisse First Boston mencionado por Bravo no existe, pero que de todos modos está tramitando un certificado similar, en Suiza, ante el Credit Suisse.

La jueza con competencia electoral en la Capital, María Servini de Cubría, es quien tiene que resolver si alguien engañó al electorado con estas acusaciones. Es la misma jueza que habilitó el ingreso al Congreso de Eduardo Lorenzo Borocotó y que debe fallar en un amparo presentado por el ex comisario Luis Patti.